Nota editorial: Responsabilidad social de la Universidad en cuanto al Ordenamiento Territorial

Documento: Responsabilidad social de la Universidad

El propósito de esta nota es llamar a la reflexión sobre el camino transitado en relación al Ordenamiento Territorial de Mendoza y el rol que la Universidad ha cumplido y debería seguir cumpliendo en este proceso.

Como docente e investigadora que me formé y trabajé por más de 34 años en la Universidad Nacional de Cuyo y el CONICET considero que ambos organismos tienen una gran responsabilidad social en cuanto a su misión de formar ciudadanos proactivos y profesionales competentes, de generar más ciencia responsable, lúcida y abierta a la solución de problemas sociales, de brindar información fidedigna y de comprometerse a debatir y generar un espacio propicio para construir una verdadera política de Estado referida al Ordenamiento Territorial.

Mi intención no es entrar en polémica sobre notas que comienzan nuevamente a aparecer en distintos medios periodísticos que “casualmente” surgen en momentos políticos en donde existen muchos intereses en juego, pero en el marco de mis convicciones como docente e investigadora, sí me veo en la obligación de aclarar algunas versiones que circulan ya sea porque existe desconocimiento o intencionalidad.

– Sobre las problemáticas que todos conocemos y de las que venimos hablando hace muchos años y que todos padecemos porque cada día se agravan más, debo decir que hay que superar la etapa del diagnóstico sobre la enfermedad que padecemos, lo que significa ni más ni menos que ir a las causas que producen la enfermedad. La preocupación no puede limitarse al área metropolitana de Mendoza, los barrios privados, la pérdida de tierras agrícolas, porque lo que sucede en este lugar también sucede en otros lugares de Mendoza y esto se explica a partir de lo que sucede en todo el territorio provincial y tiene un denominador común, la falta de planificación y de gestión del territorio, lo que se traduce en acciones descoordinadas e incoherentes y en costos sociales y ambientales que debemos asumir todos.

– Frente a esta realidad, se dice que la solución mágica está en el Plan de Ordenamiento Territorial, pero de qué plan se habla? El presentado por el Gobierno o el presentado por los Especialistas de la Universidad? La verdad es que se trata de un mismo Plan, solo que “alguien o algunos” se encargaron de sacar contenidos sustanciales antes de su elevación al Consejo de Ordenamiento Territorial y la Legislatura de Mendoza y si esos contenidos no se incorporan el Plan nada cambiará. Si no se modifican procedimientos administrativos y forma de trabajo de ministerios e instituciones con competencia en el tema, sino se definen tiempos y se respeta lo que dice la Ley, ni se destina el presupuesto que le corresponde y si no se crean instancian de una participación proactiva, todo seguirá igual.

– Un apartado especial ameritan los contenidos del Plan de Ordenamiento Territorial. En la versión oficial se elimina por “casualidad” todo lo que puede producir cambios en la gestión. Se desvirtúan los programas que pueden provocar verdaderas transformaciones en la estructura y dinámica del sistema territorial y los instrumentos de planificación, económicos y de gestión para la ejecución, seguimiento y control. Desaparecen los ejes de articulación provincia-municipios dejando “por casualidad” al libre albedrío de los municipios el manejo y “negocio” de su territorio, por ejemplo, los criterios técnicoscientíficos referidos a la evaluación de la aptitud para el desarrollo de actividades económicas y la capacidad de carga de los ecosistemas naturales y del hábitat, la atención en la peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo, la definición de los criterios para delimitar y zonificar usos del suelo, entre otros, temas que deben “resolver” los municipios aunque no estén capacitados para hacerlo.

– Frente a este hecho, el equipo que elabora el Plan, consciente de la gravedad de lo sucedido, presenta su versión a la Legislatura, lugar en el que este momento se están tratando ambos expedientes. La lucha continúa pero la sociedad desconoce lo que está sucediendo, la mayoría de los medios de comunicación no informan bien y los que deben legislar están condicionados por intereses partidarios. Un ejemplo es cuando un legislador sale a decir que no ha sido elaborado el plan a partir de un diagnóstico porque no hay mención al PBG, ¿es una excusa para hacer un nuevo plan?, es desconocimiento sobre lo elaborado por la Universidad? Es falta de lectura de los documentos que obran en la Legistura? (le aconsejo leer la versión Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, elaborado por los especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo e investigadores del Consejo Nacional de investigaciones Científicas y Técnicas, anexo 2 Modelo actual socioeconómico pág. 61 a 141)

– Un párrafo aparte es el referido al “proceso participativo y consensos logrados que validan el Plan”. Quién participa? con qué responsabilidad se hace? Es solo hacer talleres? Es solo invitar a quienes levantan la mano a favor de lo que se quiere aprobar? Quiénes participan en el Consejo de Ordenamiento Territorial? Están todos los que deben estar? Su forma de funcionamiento es adecuada y funcional? Son idóneos en el tema los representantes que envían las instituciones que participan? Los que asisten asumen la responsabilidad delegada? Se informa bien a la población? Estos y muchos otros interrogantes deberían ser tenidos en cuenta para poder avanzar. Las perspectivas futuras son inciertas…

El proceso iniciado por la Universidad Nacional de Cuyo en el año 2006 ha sufrido avances y retrocesos pero lo cierto es que lo que en su momento se sembró no cayó en tierra estéril sino en tierra fértil. La historia y las condiciones adversas del lugar son dos móviles que han llevado a consolidar un entramado social que lucha por su terruño. A pesar del tiempo transcurrido la sociedad sigue reclamando Ordenamiento Territorial como un medio que puede permitir mejorar sus condiciones de vida, presión que influye en el sector político porque se ve obligado a dar respuesta.

El motor de este proceso fue la Universidad, la que además genera una sinergia en la comunidad y las instituciones para iniciar el camino que lleva a la aprobación de la normativa antes mencionada. Sin embargo está comprobado que no basta con tener una ley, porque no se cumple y no se cumple porque no estaba reglamentada, o porque no se quiere o puede controlar frente a los intereses en pugna.

Los vaivenes políticos, sucesión de 3 (tres) cambios de gobierno de un mismo partido político pero con visiones diferentes sobre la forma de reglamentar y aplicar la Ley; la existencia de poderes e intereses políticos y económicos contrapuestos y la pérdida de liderazgo de la Universidad contribuyen a frenar el proceso.

A pesar de esta situación, la comunidad reclama la implementación de la ley, el Consejo de Ordenamiento Territorial, presiona para poder actuar y el gobierno está fuertemente condicionado frente a los reclamos.

Está demostrado que no existe voluntad de parte de quien tienen mayores responsabilidades con el Ordenamiento Territorial y que solo existe interés en la medida que pueda sumar votos en las próximas elecciones.

Hay que transformar al Ordenamiento Territorial en una verdadera política de Estado, lo que significa firmar un compromiso entre quienes gobiernan, los que se postulan para gobernar y la sociedad en su conjunto, no solo el ciudadano común sino los empresarios, los industriales, los trabajadores, los comerciantes, los productores, las OGN y todos aquellos que quieran hacer una Mendoza pujante que mira al futuro y que merece ser vivida plenamente.

De no hacerlo peligra el Ordenamiento Territorial porque será usado según intereses en juego y sucederá lo de siempre, el gobierno que asuma borrará lo hecho durante tantos años para volver iniciar un proceso que lleve su sello, forma de actuación que debemos superar si pretendemos avanzar.

¿Cómo lograrlo?

El desafío es vencer los obstáculos que se presentan y respetar los contenidos sustanciales que deben estar presentes en el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial porque sino los esfuerzos que se hagan serán en vano.

En esta tarea la Universidad cumple un rol fundamental….pero esta institución deberá reflexionar sobre el camino transitado y el que tendrá que recorrer para consolidar lo logrado y corregir los errores cometidos porque si bien hubo una gestión universitaria que generó e incentivo el proceso participativo de Ordenamiento Territorial, hubo otra que hizo peligrar lo construido simplemente por priorizar los intereses políticos partidarios a los intereses académicos-científicos.

El desafío actual para la Universidad Nacional de Cuyo es trabajar y seguir siendo un referente en el Ordenamiento Territorial y esto se consigue dando el respaldo institucional al proceso. Tiene una responsabilidad social que no puede delegar y en pos de ella, debe asumir una posición frente a los intereses ideológicos, políticos y particulares que están obstaculizando el proceso, debe informar a la sociedad sobre lo que está pasando y debe generar espacios de debate y construcción de consensos para que el Ordenamiento Territorial contribuya a mejorar las condiciones de vida de todos los mendocinos.

Por María Elina Gudiño. Directora del Doctorado en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y del Instituto CIFOT – Universidad Nacional de Cuyo.